En el marco del proceso de modernización del sistema de persecución penal, el Gobierno de Chile dispuso el reemplazo del método de enjuiciamiento criminal y la modernización de su sistema penitenciario. Este último, tiene por objetivo modernizar la infraestructura y mejorar la cobertura y profundidad de los servicios asociados al cumplimiento de las medidas cautelares y penas privativas de libertad.
 A través de este programa lo que se pretende, en lo específico, es abordar el déficit de infraestructura y servicios penitenciarios, mejorar las condiciones de internación de las personas privadas de libertad, así como las condiciones labores de los funcionarios y/o empleados a cargo de la vigilancia, atención y rehabilitación, según corresponda; mejorar la imagen y valoración de la ciudadanía sobre el sistema penitenciario, todo en un  contexto del respeto a los Derechos Humanos.
El Programa contempla la construcción de 10 establecimientos penitenciarios, de los cuales 6 ya se encuentran en operación en la Regiones de Tarapacá, de Coquimbo, Libertador Bernardo O´Higgins; de Los Ríos, de Los Lagos y Metropolitana. Este esfuerzo ha permitido que más del 24% de la población penal, de un total de 42.000, se encuentren recluidos en ellos bajo nuevas condiciones de habitabilidad, seguridad y tratamiento.
Los establecimientos cuentan con modernos sistemas de seguridad, con una infraestructura que permite una alta segmentación de la población penal, lo que facilita un mayor control y permite acciones de intervención focalizada, a fin de mejorar las expectativas de rehabilitación o reinserción.
Los esfuerzos realizados por nuestro país en materia carcelaria, a través de este programa, significarán que al Bicentenario de la República de Chile, el sistema penitenciario contará con más de 16.000 modernas plazas y 370.000  metros cuadrados de construcción. Se trata, en definitiva, de otorgar las condiciones para alcanzar más y mejor justicia, profundizando los efectos de un sistema ampliamente reformado y en proceso de consolidación y perfeccionamiento.     No podemos desconocer que el modelo ha tenido sus falencias como en todo proceso que recién se implementa y que se tiene que adecuar a la realidad institucional en lo cual ha trabajado estos años el personal que labora en los recintos habilitados.
En las Regiones donde los Complejos de Alto Hospicio, La Serena, Rancagua, Santiago 1, Valdivia y Puerto Montt, están funcionando, nos hemos encontrado con funcionarios comprometidos y dispuestos a asumir este nuevo desafío, que es incorporar al privado en este trabajo, dejando siempre en claro que la administración y vigilancia del recinto penal corresponde a nuestra institución.

Ningún modelo carcelario es perfecto y para adecuarlo a la realidad nacional es necesario dejarlo crecer y desarrollarse antes de destruirlo,  sin embargo, con esta alianza pública – privada, fue posible construir e implementar en un corto período de tiempo infraestructura, servicios y programas de reinserción, que de otra forma no habrían sido viables.

Seguir por esta senda de desarrollo nos permitirá enfrentar el bicentenario como una institución preocupada por mejorar la prisionización, los estándares de los servicios que presta el Concesionario y la calidad laboral de sus funcionarios.

Fraternalmente,
Marcos Lizana Berríos
Abogado
Jefe Unidad de Concesiones