La Libertad Vigilada del Adulto (en adelante, LVA) consiste en someter al condenado a un régimen de libertad a prueba, tendiente a un tratamiento intensivo e individualizado, bajo la vigilancia y orientación permanente de un Delegado de Libertad Vigilada habilitado por el Ministerio de Justicia. Este beneficio se puede otorgar a sujetos sin antecedentes penales previos que han cometido un delito cuya pena restrictiva de libertad esté en el rango de 2 a 5 años. Su principal objetivo es disminuir los factores de riesgo de la conducta delictiva e impedir la reincidencia mediante una intervención específica conocida como Modelo de Intervención Diferenciada.